Cuando el derecho a la educación se niega o se viola, se
priva a las personas de otros derechos, que son asimismo
fundamentales para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Este incumplimiento en la universalización de la educación básica y la falta de cobertura de la educación media superior a pesar de la aprobación reciente de su obligatoriedad revela que hay otros aspectos necesarios para la garantía del derecho a la educación. La atención a la diversidad y la consolidación de una educación de calidad y acorde a las necesidades contextuales de los sujetos, son otras exigencias que se encuentran parcialmente atendidas.
Aunque la educación es obligatoria, no resulta gratuita en términos reales. Muchos quedan excluidos por la situación de pobreza, su raigambre étnica o la condición de aislamiento. Este desfase entre lo que dice la norma y la realidad escolar, afecta principalmente a los sectores más vulnerables, en tanto no se reconocen las particularidades contextuales de esta población, y no se advierte a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social, como fenómenos contrarios al ejercicio de los derechos humanos.
Mientras se ignore el reconocimiento de que todo sujeto tiene derecho a una educación pertinente y de calidad, la ampliación de la cobertura no tendrá un impacto real. Frente a esto, se advierte la urgencia de definir instrumentos y procedimientos jurídicos y administrativos, para hacer justiciable y exigible el derecho a la educación en todas sus dimensiones. Esto permitiría la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre la política educativa más adecuada y significativa para sus comunidades.
La compensación de las desigualdades sociales, la atención a las particularidades contextuales de los sectores más vulnerables y la garantía de la participación social en la identificación de las violaciones y la defensa del derecho a la educación, son los retos en el camino hacia la consolidación de una verdadera justicia educativa.
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