La posibilidad de hacer realidad el derecho a la educación depende de la eficacia de su aplicación. Las obligaciones y los compromisos políticos contraídos a tenor de los instrumentos internacionales deben reflejarse en las constituciones y las legislaciones nacionales, y luego traducirse en políticas y programas. Los Estados Miembros tienen la obligación de presentar informes sobre las medidas que adoptan para aplicar los instrumentos normativos.
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